El Cordobazo en perspectiva histórica

La represión y la resistencia

El combustible para que estallase la insurrección en las calles de Córdoba el 29 de mayo de 1969 lo dio la represión policial que, al asesinar a un manifestante, enardeció los ánimos y desbordó su propia capacidad de contener a los rebeldes. A partir de allí, la policía local comenzó a ser reforzada por contingentes de Gendarmería y de la Policía Federal en casos de manifestaciones para evitar la reproducción del hecho. Sin embargo, en 1971 hubo un “segundo Cordobazo”, conocido popularmente como “Viborazo”. En él, los sindicatos clasistas fueron promotores y protagonistas de la insurrección junto a las organizaciones estudiantiles y la militancia de izquierda.

El bloque de fuerzas dominantes, constituido por el empresariado, las cúpulas sindicales tradicionales y los elencos gubernamentales, se enfrentó al clasismo por concebirlo como un obstáculo para el “desarrollo normal” de las prácticas capitalistas, ya que habían logrado un reparto bastante equitativo del PBI (Basualdo, 2006). No solo buscaban impedir su expresión institucional en distintos sindicatos, sino que fueron acentuando la represión, sobre todo con el cambio de modelo económico en pos de la valorización financiera. Ello implicó el inicio de un proceso de desindustrialización que se tradujo, a partir de 1975, en un aumento de los despidos y las suspensiones: entre 1974 y 1982 se produjo el cierre del 27,15% de los establecimientos fabriles existentes en Córdoba y, consecuentemente, se generó la expulsión del 29,36% de la mano de obra (García y otros, 1984). En paralelo, quienes quedaron con trabajo debieron soportar retrocesos en las conquistas laborales como la vuelta al acople de máquinas, la ampliación de la jornada reducida en secciones insalubres o el no reconocimiento del derecho a huelga y a la sindicalización (Basualdo, 2006).

La represión económica se sumó a la represión política en manos del terrorismo de Estado, que en Córdoba se comenzó a articular desde 1974 con el “Navarrazo”, también llamado “contracordobazo”. Este fue un golpe de Estado provincial que inició una intervención federal y que decantó en el golpe de Estado de 1976. Con él, inició la represión más feroz que se orientó hacia estos sectores. Según el informe de CONADEP (1984), el 30,2% de los desaparecidos del país fueron obreros y, en el caso de Córdoba, con su fuerte presencia fabril, esa cifra ascendió a 41,90% (CONADEP Delegación Córdoba, 1984). A ello hay que sumar las ejecuciones sumarias que sucedieron en los meses previos al golpe de Estado, amén de los presos políticos, exiliados, insiliados y otras formas de persecución (Ortiz, 2014).

Desde 1976, quedó suspendido el derecho a huelga, por lo que cualquier medida de fuerza obrera que afectase a la producción habilitaba la intervención del Ministerio de Trabajo e, incluso, del Ejército para que intimasen a los trabajadores a normalizar sus tareas, caso contrario se los podía despedir con “justa causa”. Sin embargo, las acciones obreras no desaparecieron del todo, aunque sí cambiaron de modalidad. Cada vez fueron menos las manifestaciones visibles (huelgas, abandonos de lugar de trabajo, movilizaciones callejeras) y muchas más las formas subterráneas de resistencia para evitar la identificación de responsabilidades y su consecuente represión. En la organización de todas estas medidas, se hace evidente la pervivencia de las formas de organización de bases de los años anteriores, como también la solidaridad de la mayor parte de la clase. En general, se organizaban de manera colectiva y clandestina, a escondidas en los baños de las fábricas o simulando trabajar. Entre 1976 y 1978, se desarrollaron un sinnúmero de acciones de este tipo en fábricas de Córdoba: sabotajes, trabajo a reglamento, de “brazos caídos”, a “tristeza”, a “hambre” y, aunque en menor medida, hubo algunas asambleas, abandonos de tareas y paros por un par de horas. Las manifestaciones obreras se definían por lo defensivo: reclamar por la desaparición de un obrero, en contra del aumento de los precios de la comida del comedor y de los alimentos de primera necesidad por la inflación, pero, principalmente, por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Si bien a partir de 1979 estas acciones fueron disminuyendo, nunca desaparecieron del todo hasta 1982 (Ortiz, 2018b).